Las empresas que desarrollen actividades potencialmente peligrosas para el medio ambiente deber\u00e1n pagar, limpiar y reparar cualquier da\u00f1o que produzcan a partir de 2010, seg\u00fan la futura ley de Responsabilidad Ambiental cuya remisi\u00f3n a las Cortes fue aprobada el viernes pasado en el Consejo de Ministros. Esta ley transpone la Directiva comunitaria europea cuya entrada en vigor se producir\u00e1 el 30 de abril de 2007.La futura ley tendr\u00e1 por objeto hacer efectivo el principio de “quien contamina repara”, que va m\u00e1s all\u00e1 del principio de “quien contamina paga”. Se trata de asegurar que el responsable de la actividad devuelva los recursos naturales da\u00f1ados a su estado original, sufragando el total de los costes, a\u00fan cuando no haya cometido ninguna infracci\u00f3n administrativa y haya actuado de conformidad con la normativa aplicable. Se pone el \u00e9nfasis en la restauraci\u00f3n total de los recursos naturales y de los servicios que prestan, el cual no se ver\u00e1 satisfecho con una mera indemnizaci\u00f3n dineraria y en la necesidad de que las empresas internalicen los costes asociados a los riesgos medioambientales inherentes a las actividades que desarrollan. La Ley afectar\u00e1, aproximadamente, a m\u00e1s de cinco mil instalaciones industriales, a unas treinta mil empresas de transporte de mercanc\u00edas peligrosas y a casi un mill\u00f3n de explotaciones agrarias. Se prev\u00e9 que el coste de la Ley sea de aproximadamente unos cien millones de euros anuales. \u00c1mbitos de regulaci\u00f3n Los bienes protegidos por esta Ley son bienes de naturaleza medioambiental y quedan expresamente excluidos de su \u00e1mbito los denominados da\u00f1os tradicionales, es decir, aquellos que afectan a los particulares y a sus bienes. Los recursos naturales protegidos por el nuevo r\u00e9gimen de responsabilidad son el agua, la costa, el suelo y los h\u00e1bitats naturales protegidos, as\u00ed como las especies silvestres protegidas. Las actividades econ\u00f3micas y profesionales susceptibles de ocasionar da\u00f1os medioambientales son aquellas ya reguladas por la legislaci\u00f3n comunitaria y que, por su naturaleza, entra\u00f1an riesgos, aunque sean potenciales, para el medio ambiente o para la salud humana. Entre las leyes m\u00e1s destacadas cabr\u00eda citar las instalaciones cubiertas por la normativa de prevenci\u00f3n y control integrado de la contaminaci\u00f3n (conocida como Ley IPPC); las relativas a la gesti\u00f3n de todo tipo de residuos, las m\u00e1s importantes de las reguladas por la normativa de aguas (con vertidos de sustancias peligrosas incluidas); las relativas a la producci\u00f3n, almacenado y transporte de sustancias peligrosas, biocidas y fitosanitarios; el traslado transfronterizo de residuos peligrosos y el transporte de mercanc\u00edas peligrosas. En todos estos supuestos la responsabilidad se exige sin necesidad de que concurra culpa o negligencia en el operador. Las actividades econ\u00f3micas distintas de las anteriores tambi\u00e9n se ver\u00e1n afectadas por la ley en cuanto al deber de reparar, pero s\u00f3lo cuando haya mediado culpa o negligencia. La obligaci\u00f3n de prevenir y evitar da\u00f1os medioambientales se generaliza al conjunto de operadores econ\u00f3micos yprofesionales Otro de los aspectos m\u00e1s novedosos y sobresalientes de la Ley es el car\u00e1cter ilimitado de la responsabilidad medio ambiental. Como principio, la Ley obliga a reparar los da\u00f1os al medio ambiente en su integridad, devolviendo los recursos naturales al estado original en el que se encontraban antes del da\u00f1o, y ello con independencia de cu\u00e1l sea la cuant\u00eda econ\u00f3mica a la que ascienda dicha reparaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"