La regulación europea establece que la energía renovable debe representar al menos un 29% de la demanda de transporte para 2030. El ordenamiento jurídico español establece una progresiva consecución de este objetivo, centrada hasta ahora en biodiésel y bioetanol; de manera que en 2026 deben alcanzar un 12%. Los operadores mayoristas de productos petrolíferos deben incorporar estos biocarburantes en el mercado de forma proporcional a sus ventas o abonar una compensación económica si no alcanzan el objetivo.