Son ya siete meses soportando un alza de precios en los combustibles que está provocando un verdadero roto en la cuenta de resultados de las empresas de transporte. La subida es inasumible, un 45% desde el 1 de enero y un 40% si tomamos como referencia el 28 de febrero, día en que se inició el conflicto bélico con Irán.
El complejo sistema de deducciones fiscales y bonificaciones aprobado a partir del 1 de julio, que varían de forma complementaria, se reproduce en este tercer paquete de ayudas publicado hoy en el Real Decreto 25/2026 y que establece un marco impredecible, que lejos de aportar certezas a las empresas, provoca la mayor de las incertidumbres.
El hecho de que la bonificación a las empresas de transporte varíe en función de la variación del Impuesto Especial de Hidrocarburos, es decir, del precio aplicado en la estación de servicio, siendo menor la bonificación cuanto mayor es la deducción del impuesto, nos coloca, dada la enorme volatilidad del precio del gasóleo, que no augura nada bueno, en un más que probable escenario de subida del precio que se va comer la deducción fiscal, dejando como resultado una escasísima bonificación para hacer frente a una situación tan grave y tan compleja. Desde GUITRANS hemos venido solicitando a través del Comité Nacional de Transporte, que la bonificación fuera íntegra para las empresas de transporte.
Todos estos meses estamos viendo que las reducciones fiscales adoptadas son neutralizadas por las subsiguientes subidas del precio del gasóleo. Una reducción fiscal absorbida por una subida del precio del carburante mayor, con una bonificación menor, lejos de ayudar a las empresas, las deja a los pies de los caballos.
Desde el sector tenemos que insistir en la imperiosa necesidad y obligatoriedad de repercutir la fluctuación del gasóleo en el precio del transporte, algo que las empresas nos transmiten no está ocurriendo en su totalidad en algunos casos. Las herramientas están disponibles (buzón anónimo de denuncias del MITMS, cláusula obligatoria de actualización de los precios en función del gasóleo, actualización periódica del observatorio de costes…) y deben poder ser utilizadas porque se ha demostrado que son efectivas.
Por parte de la administración es necesario agilizar los trámites para que las ayudas diseñadas lleguen a las empresas para desahogar sus maltrechas economías y se mantengan mientras dure esta adversa coyuntura, que, por desgracia, todo apunta va a prolongarse. En Gipuzkoa las ayudas del primer paquete, correspondiente a los consumos entre el 22 de marzo y el 30 de junio, se están recibiendo ahora, tres meses después, un plazo para muchas empresas inasumible que cuestiona su supervivencia. Las ayudas del segundo y tercer paquete tienen que ser mucho más ágiles. El sector necesita estabilidad y protección económica en el actual contexto de crisis energética.