El Decreto ordena el ámbito de aplicación, las personas
destinatarias, las acciones formativas y su financiación, el sistema de
gobernanza y determina el organismo titular de su gestión.
También se ordenan, la gestión del Catálogo Vasco de Especialidades,
las entidades impartidoras de formación, públicas y privadas, y las
empresas que desarrollen acciones formativas para sus propias personas
trabajadoras.
Así mismo, se prevé la creación de un Registro Vasco de Entidades de
formación profesional para el empleo y de un Registro Vasco de la
Competencia, que albergará el currículum formativo de todas las personas
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, recogiendo así el principio
vigente en el sistema formativo vasco de la formación a lo largo de la
vida. Por último, se prevé la creación de la Red Vasca de Entidades de
Formación, que estará integrada por el conjunto de entidades que
desarrollan planes o actuaciones de formación para el empleo.
Esta Red de formación profesional para el empleo ofrecerá una formación estable y continuada en el tiempo de carácter gratuito.

Según el Ejecutivo autonómico, el proyecto aporta mayor seguridad
jurídica a las relaciones internas y externas de estas sociedades, que
generan más de 47.000 empleos en Euskadi, sobre todo en la industria y
en los seguros.En este sentido, si bien la mayor parte de la regulación no se ha
modificado, entre las aportaciones de la nueva normativa cabe destacar
la reconfiguración legal de determinadas clases de cooperativas (las de
vivienda y de transporte) para garantizar su acomodo al régimen orgánico
y funcional cooperativo; el tratamiento aclaratorio de cuestiones de
gran relevancia en el sector, como es el supuesto de la responsabilidad
de los socios por las deudas sociales; y la adaptación de la actividad
de control y fomento cooperativo que ejerce la Administración al actual
entorno jurídico, económico e institucional.