En la misiva que han hecho llegar a la ministra de Fomento argumentan
«que no se trata de un capricho, sino de una medida que supondría una
inyección inmediata de productividad para la economía española y que
provocaría una mayor generación de riqueza y empleo». Según las organizaciones, la medida «no exige ninguna inversión
complementaria» -se trata sólo de rentabilizar más espacio de carga- es
voluntaria y su aplicación permitiría reducir las emisiones de CO2 en
más de 100.000 toneladas al año. Las organizaciones que están detrás de la petición al Gobierno, además de la CEOE de Madrid son las siguiente:

ACES (Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados)
Aecoc (Asociación de Fabricantes y Distribuidores)
Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución)
AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos)
Ascer (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y pavimentos de Productos Cerámicos)
Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados)
Aspapel (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón)
CEIM-CEOE (Confederación Empresarial Independiente de Madrid)
Cepco (Conf. Española de Asoc. de Fabricantes de Productos de Construcción)
Feigue (Federación Empresarial de la Industria Química Española)
FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas)
Hispalyt (Asociación Española de Fabricantes de Productos Cerámicos)
Unesid (Unión de empresas Siderúrgicas)
UNO (Organización empresarial de Logística y Transporte).

Se trata de un modelo que a simplifica la obligación de
los empresarios a la hora de liquidar las cotizaciones y que garantiza
al trabajador información en el desglose e ingreso de las cotizaciones. Los empresarios adjuntarán junto a la nómina los documentos en los que se
establecen los conceptos por los que se cotiza a la Seguridad Social,
así como el justificante del ingreso correspondiente.
El texto aprobado dota de mayor simplicidad y uniformidad a la
obligación de cotizar por parte de los empresarios, ya que es la propia
Tesorería General de la Seguridad Social la que efectúa la liquidación,
una vez recibidos los datos de los trabajadores desde la empresa. En el Real Decreto 708/2015, de 24 de julio se establece la reducción de los plazos para comunicar bajas y variaciones de datos de empresas y trabajadores, fijados en los tres días naturales siguientes a que se produzcan, gracias al uso generalizado de medios electrónicos.
Además, se generaliza el uso de medios electrónicos para comunicar cualquier variación de datos personales que afecten al trabajador o sus circunstancias laborales (procesos de incapacidad temporal, cambio de puesto, etcétera).
Se completa la información que consta en las bases de datos de los diferentes organismos (Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal…), de forma que cualquier variación en la situación del trabajador provoca automáticamente el recálculo de la liquidación mensual. Se incorpora también el convenio colectivo en el que está encuadrado cada asalariado.
El objetivo del desarrollo reglamentario del Sistema de Liquidación Directa es dotar de una mayor simplicidad y uniformidad a los actos de encuadramiento de los trabajadores en la Seguridad Social.
Se trata de lograr los objetivos de simplificación del cumplimiento de la obligación de cotizar, reducción de costes para la Seguridad Social, consecución de una mayor efectividad en el control de la gestión recaudatoria y mejora de la calidad de la información utilizada para la liquidación de cuotas.