Las normas relativas a la sujeción de cargas seguro varían de un país a
otro, o incluso no existen en algunos países y regiones, lo que hace
difícil para los operadores de transporte por carretera conocer los
requisitos mínimos para los viajes internacionales. Por otra parte, las
cargas que no han sido fijados apropiadamente pueden caerse, afectar al
equilibrio del vehículo e incluso volcarlo. Estas directrices elaboradas por la IRU (International Road Transport Union) se basan principalmente en la norma
europea sobre retención de carga en vehículos de carretera (EN
12195-1:2010), aunque incluyen otras prácticas de seguridad
observados en todo el sector del transporte por carretera, como la
madera y el transporte de vehículos, así como otros, no cubierta por la
norma europea.Guía (en castellano).
Pastor anuncia la puesta en marcha del Plan para la renovación de la flota profesional de transporte por carretera, PIMA Transporte
Por un lado, la renovación de vehículos, con una línea de ayuda para el achatarramiento de aquellos vehículos de una determinada antigüedad que quieran acogerse al mismo, que estará dotada inicialmente con 5 millones de euros.
Por otro, una línea de crédito blando del BEI de 200 millones de euros con unas
condiciones más ventajosas de las que ofrece actualmente el mercado que,
junto con la aportación del banco comercial, podría llegar hasta los
400 millones de euros.
Los autónomos podrán contratar trabajadores sin perder el derecho a la tarifa plana
Así lo ha anunciado recientemente la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. El Gobierno va abrir la puerta a la posibilidad de que los autónomos acogidos a la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social puedan contratar trabajadores sin perder los beneficios de la senda de cotización reducida -dos años y medio en el caso de autónomos menores de 30 años y 18 meses en el caso de autónomos mayores de esa edad-.
Hacienda incumplirá la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y devolverá solo el tramo autonómico del céntimo sanitario
Es decir, en función de la CCAA donde se haya repostado durante los años objeto de reclamación (2010-2012), el solicitante podría llegar a no percibir prácticamente nada del importe reclamado (como es el caso de aquellos contribuyentes que hayan consumido carburante exclusivamente en CCAAs donde no se hubiera implantado el tramo autonómico.
Bruselas exige carburantes más ecológicos
La Comisión Europea ha propuesto obligar a los proveedores a reducir un 6%, de aquí a 2020, la intensidad de las emisiones de efecto invernadero de los carburantes y otras fuentes de energía utilizadas para los vehículos. El objetivo de la medida es alinearse con las directrices de la Directiva de calidad de los combustibles aprobada en 2009. No obstante, la propuesta deberá ser aprobada por el Consejo, donde varios Estados miembros ya dieron su negativa, y por el Parlamento Europeo.
Hacienda podría devolver solo una parte del céntimo sanitario para mantener el tipo mínimo del impuesto
En el escrito, el Ejecutivo español recordaba que la directiva
2003/96 de la CE, de 27 de octubre de 2003, reestructura el régimen
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la
electricidad y establece una cuantía mínima de tributación en los
impuestos a los que se refiere, entre ellos, al de Hidrocarburos, y
añadía que el tramo estatal del céntimo sanitario se consideró para
asegurar el cumplimiento de los tipos mínimos de gravamen de los
hidrocarburos exigidos por la directiva.
Bruselas respondió a mediados de septiembre y al parecer aclaró a España que no
se oponía al criterio de que devolviese únicamente las cantidades
recaudadas que superen el nivel mínimo de imposición fijado por dicha
directiva comunitaria.
Aprobado el Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial que persigue mejorar los canales de financiación de las empresas, en especial, las pymes
Entre las novedades destaca la obligación de realizar un preaviso de 3 meses a las pymes que se vean afectadas por una reducción o
cancelación de la financiación y la posibilidad de obtener un informe
detallado sobre su posición financiera. Junto con el preaviso, se otorga a las pymes el derecho a obtener de la
entidad información sobre su posición financiera, historial de pagos,
extracto, calificación crediticia, etcétera, y su calificación
crediticia de conformidad con la metodología específica para pymes que
desarrollará el Banco de España (rating pyme). Esta solicitud deberá
ser atendida en el plazo de diez días hábiles y de forma gratuita.
Además, podrán solicitar estos datos en cualquier otro momento y de
forma incondicionada, petición que deberá atenderse en el plazo de
quince días y a un coste reducido.Se regulan, además, los
instrumentos no bancarios como el denominado crowdfunding, y se mejora
la regulación de otros ya existentes, como el Mercado Alternativo
Bursátil (MAB).El Gobierno ha eliminado del Anteproyecto una medida que complicaba la legislación en materia de morosidad y permitía legalmente el alargamiento de los plazos de pago. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se ha comprometido a implantar medidas sancionadoras a las empresas que incumplan los plazos de pago, antes que finalice este año.Más información sobre Ley de Fomento de la Financiación Empresarial.
El Tribunal de Justicia de la UE declara la exención del gasóleo contenido en los depósitos de los vehículos aunque no hayan sido fijados por el fabricante
El concepto de «depósitos normales», a que se refiere el artículo 24, apartado 2, primer guión, de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, debe interpretarse en el sentido de que no excluye los depósitos instalados de manera permanente en vehículos automóviles comerciales destinados al abastecimiento directo de carburante de tales vehículos cuando haya instalado dichos depósitos una persona que no sea el fabricante, en la medida en que los referidos depósitos permitan el uso directo del carburante tanto para la tracción de dichos vehículos como para, en su caso, el funcionamiento, durante el transporte, de los sistemas de refrigeración y de otros sistemas.Por lo tanto, la medida se aplicaría también a la circulación intra UE del gasoil contenido en los depósitos de gasóleo, del tractor o del frigo, aunque no hubieran sido fijados originalmente por el fabricante.
La UE aprueba instalar infraestructuras mínimas para repostar combustibles alternativos
El Consejo de Asuntos Generales ha adoptado recientemente una directiva sobre la construcción de la infraestructura mínima para garantizar la existencia de combustibles alternativos en toda la UE.
En virtud de la Directiva, cada Estado miembro dispondrá dos años para elaborar la estrategia de establecimiento de nuevos puntos de recarga de combustibles limpios tales como la electricidad, el hidrógeno y el gas natural. En los próximos días se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después de su publicación.
Las fechas límite para contar con la infraestructura se sitúan entre 2020 y 2030, en función del tipo de combustible, el vehículo y la zona de despliegue. Por ejemplo, a finales de 2020, los estados miembros deben instalar suficientes puntos de carga y recarga de combustible para que los coches eléctricos y los coches que utilicen gas natural comprimido (GNC) puedan circular al menos en las ciudades y zonas suburbanas.
La Administración vasca, la que menos tarda en pagar a sus proveedores, tras La Rioja
El conjunto de la Administración pública vasca (autonómica, diputaciones, entes locales y empresas públicas) es la que menos tarda en pagar a sus proveedores de bienes y servicios; en concreto, una media de 38 días, después de La Rioja, que abona sus facturas en una media de 32 días. Al igual que en Euskadi, también en Navarra y en Galicia el plazo de pago se sitúa en los 38 días, según la encuesta trimestral realizada por el Observatorio del Trabajo Autónomo de la Federación ATA. En el extremo opuesto, como comunidad con las administraciones públicas más morosas, figura Cataluña, donde tardan en pagar una media de 138 días. A continuación aparecen, Valencia (135 días), Andalucía (132) y Murcia (127).