En el BOE de 6 de noviembre se ha publicado el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Este primer paquete de medidas, por importe de 10.600 millones de euros, están destinadas a ayudar a los hogares, empresas, autónomos y ayuntamientos de los 78 municipios valencianos, castellanomanchegos y andaluces golpeados por la DANA. Un listado que podrá ampliarse a otros municipios y CCAA, en función de las necesidades.

Entre las acciones, se incluyen ayudas directas a los ciudadanos y empresas, moratorias y exenciones fiscales, medidas en materia de seguridad social, líneas de avales, créditos ICO y ayudas a las administraciones locales, entre otras.

Ayudas directas a ciudadanos y empresas afectadas

El Estado va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad; entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas; hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos, como portales o ascensores. Además, se van a transferir ayudas directas para las pymes y los trabajadores autónomos con domicilio fiscal en las zonas afectadas por la DANA.

Se trata de ayudas directas a los trabajadores autónomos y empresas, y su importe dependerá del volumen de operaciones del ejercicio 2023. Así, las empresas afectadas se podrán beneficiar de 10.000 euros de ayuda, cuando su volumen de operaciones haya sido inferior a 1 millón de euros; de 20.000 si ha estado entre 1 y 2 millones; de 40.000 si ha estado entre 2 y 6 millones; de 80.000 en el caso de volumen entre 6 y 10 millones de euros; y las empresas afectadas con más de 10 millones de volumen de operaciones en 2023 podrán disponer de una ayuda de 150.000 euros. En el caso de los autónomos, la ayuda será de un importe único de 5.000 euros. Para recibirlas, bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes, estimándose una cifra de beneficiarios de 65.000 trabajadores autónomos y unas 30.000 empresas.

Incapacidad temporal extraordinaria, prestación por cese de actividad y aumento del 15% del Ingreso Mínimo y pensiones no contributivas

Al mismo tiempo, se crea una incapacidad temporal extraordinaria de trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos por la DANA, a las que se les garantizará el cobro del 75% de su salario desde el primer día de incapacidad. Las pensiones por incapacidad permanente, viudedad y orfandad causadas por la DANA también se asimilarán a accidentes laborales y, por tanto, verán aumentadas su cuantía y mejoradas sus condiciones al calcularse en base a los ingresos totales del último año.

También se ha habilitado a aquellos autónomos que se hayan visto afectados la posibilidad de solicitar una prestación por cese de actividad que corresponderá al 70% de su base de cotización, aunque no hayan cumplido el mínimo de 12 meses cotizados exigidos por ley para acceder a ella.

Asimismo, las personas que ya reciben el ingreso mínimo vital o pensión no contributiva las verán aumentadas en un 15% durante los próximos 3 meses, con la posibilidad de prorrogar más tiempo esta medida, en función de cómo avance la situación.

Consorcio de Compensación de Seguros: indemnizaciones a familias y empresas

El Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, indemnizará a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo. Estas indemnizaciones serán un 20% superiores al valor de tasación de cada vehículo y se calcula que se alcanzará la cifra inédita de 3.500 millones de euros.

Línea de avales DANA por 5.000 millones de euros

Para complementar estas ayudas, se ha creado una nueva línea de avales será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y permitirá a pymes, empresas, autónomos y, como novedad, a los hogares, acceder a través de su banco a créditos con la garantía del Gobierno y en condiciones favorables para reequipar empresas, abrir negocios y reparar viviendas. Se ha aprobado un primer tramo de 1.000 millones de euros y se aprobará el resto hasta llegar a los 5.000 millones de euros.

Paquete de moratorias y exenciones fiscales

Los ciudadanos de las zonas afectadas podrán retrasar el segundo pago de la declaración de la Renta 2023 al 2025, así como cualquier otro impuesto que tuviesen pendiente con la Agencia Tributaria. También, se conceden exenciones y reducciones en las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2024 de los inmuebles dañados como consecuencia directa de la DANA. Tampoco tendrán que pagar las tasas de tramitación de las bajas de los vehículos en Tráfico, o la expedición de los documentos oficiales que hayan perdido. Se contempla también para las actividades agrarias una reducción de los índices de rendimiento neto para el año 2024 del método de estimación objetiva (módulos) del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA, en relación con las explotaciones y actividades agrarias realizadas en la zona afectada.

Adicionalmente, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores a través de un ERTE estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, al menos hasta febrero de 2025 y se considerará este periodo como plenamente cotizado para futuras prestaciones. De igual forma, se incluyen aplazamientos y moratorias para las empresas de la zona no afectadas directamente y se darán facilidades en los pagos a la Seguridad Social, con la suspensión y ampliación de plazos.

Los ciudadanos y las pymes que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo, podrán posponer el pago íntegro de sus créditos durante 3 meses, y pagar solo los intereses durante 9 meses adicionales.

Refuerzo de recursos financieros y humanos de las administraciones locales afectadas

Acuerdo por el que se declara «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» al territorio damnificado como consecuencia de la DANA, que aplicará a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón, incluyendo una serie de medidas para reforzar los recursos financieros y humanos de las administraciones locales afectadas.

En concreto, el Gobierno de España pagará el 100% de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados por la DANA, financiando todas las acciones que tengan que ver con la retirada de lodo, escombros y enseres inservibles, el suministro de agua potable, la limpieza de las calles, y el alojamiento y manutención de los vecinos afectados. Además, el Estado pagará hasta el 50% de todas las obras que tengan que llevar a cabo en los próximos años para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios como carreteras, polideportivos, o centros cívicos y culturales. También se compensará por los impuestos municipales que van a dejar de percibir durante esta crisis y se ampliará su posibilidad de gasto con las inversiones financieramente sostenibles.

Al mismo tiempo, se van a reforzar los juzgados y los equipos de notarios y registradores de la propiedad y se va a habilitar un Portal de emergencias registrales para que, vía satélite, los ciudadanos puedan certificar la ubicación de sus bienes inmuebles de la forma más sencilla y rápida posible. Igualmente, se van a abrir oficinas de refuerzo en los municipios afectados que apoyarán a los funcionarios locales a atender a la ciudadanía y acelerar los trámites burocráticos.

Comisión Interministerial y refuerzo de la cooperación con gobiernos autonómicos

Se crea una Comisión interministerial para la coordinación de las labores de reconstrucción entre todos los ministerios competentes y se abrirán canales de interlocución con el sector privado, los sindicatos, y la sociedad civil. A su vez, se ha adoptado una serie de mecanismos para fortalecer la cooperación bilateral con los gobiernos autonómicos afectados y, muy especialmente, el gobierno de la Generalitat Valenciana.

Solicitud del Fondo Europeo de Solidaridad

Finalmente, se ha solicitado a la Comisión Europea la Ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y se ha solicitado al Consejo y al Parlamento Europeo la aprobación por vía de urgencia de un nuevo Reglamento denominado RESTORE, para reprogramar los fondos de cohesión FEDER y FSE+ con el fin de dedicar parte de estos recursos a paliar los daños ocasionados por desastres naturales.

Más información página web Ayudas del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento.