Las declaraciones de seguridad y protección para las importaciones de la UE finalmente serán obligatorias a partir del 31 de enero de 2025. Hasta entonces, no es necesario realizar una declaración sumaria de entrada para mercancías importadas de la UE y otros territorios de los que no se requería declaración antes del 1 de enero de 2021.

Esta declaración sumaria de entrada deberá realizarse antes de que lleguen las mercancías bien a Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales), bien a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña, bien a Irlanda del Norte desde fuera de la UE. La responsabilidad de presentar la declaración S&S recae en el transportista aunque un tercero (una empresa que presta este tipo de servicio) también puede presentar la declaración, siempre que lo haga con el conocimiento y consentimiento del transportista.

Vías de emisión de las declaraciones sumarias

– a través de un software adecuado;
– a través de una empresa que preste este tipo de servicios;
– desarrollando un software propio para interactuar con el Servicio S&S GB.

Los transportistas que ya cuenten con el servicio de emisión de GMR prestado por terceros podrán consultar con esa misma empresa si también pueden prestar el servicio de emisión de las declaraciones H&S antes mencionadas.

Desde GUITRANS ofrecemos la posibilidad de realizar la emisión/presentación de declaraciones S&S (también conocido por el acrónimo SSD/ENS) a través del Colegio de Agentes y Comisionistas de la Aduana de Irun (contactar con el 943-316707 ext. 5 Amaia-Mª Carmen). ​

Los datos necesarios para presentar una declaración ENS incluyen:
– expedidor;
– destinatario;
– una descripción de las mercancías;
– reenvío (país a país);
– transporte (por ejemplo, detalles del ferry o del Eurotúnel);
– hora de llegada.

Más información en este enlace.

El pasado viernes, 4 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó una importante sentencia sobre el transporte internacional por carretera que se refiere a los recursos presentados por algunos países contra el Primer Paquete de Movilidad, adoptado en 2020 por la Unión Europea. Los jueces confirmaron la validez de la mayor parte de las disposiciones del Paquete, pero anularon la obligación de que los vehículos regresen al centro de operaciones de la empresa de transporte cada ocho semanas, al considerar que el legislador comunitario no disponía de información suficiente para valorar su idoneidad.

Los recursos interpuestos  por Lituania, Bulgaria, Rumanía, Chipre, Hungría, Malta y Polonia (y en algunos casos apoyados por Bélgica, Estonia y Letonia) se referían a las disposiciones más importantes del Paquete: la prohibición de que los conductores tomen un descanso semanal regular o compensatorio en el vehículo; la obligación de las empresas de transporte de organizar el trabajo de los conductores de manera que puedan regresar al centro operativo de la empresa o a su lugar de residencia cada tres o cuatro semanas para tomar un descanso semanal regular o compensatorio; adelantar la fecha de entrada en vigor de la obligación de instalar tacógrafos inteligentes de segunda generación; la obligación de que los vehículos utilizados en el transporte internacional regresen cada ocho semanas al centro de operaciones en el país de establecimiento; el período de espera de cuatro días, durante el cual los transportistas no residentes no pueden realizar operaciones de cabotaje en el mismo Estado miembro después de completar un ciclo de cabotaje; la clasificación de los conductores como «trabajadores desplazados» durante las operaciones de cabotaje, el transporte entre diferentes Estados miembros (operaciones «cross trade») o determinadas operaciones de transporte combinado, con la consiguiente aplicación de las condiciones de trabajo vigentes en el Estado miembro de acogida.

El Tribunal ha rechazado la mayoría de los recursos, afirmando que el Paquete de Movilidad tiene como objetivo equilibrar mejor los intereses de los conductores, mejorando sus condiciones sociales de trabajo, y los de los empleadores, garantizando condiciones comerciales justas. El Tribunal concluyó que el legislador de la UE había actuado dentro de su margen de discreción y que las nuevas normas eran proporcionadas a los objetivos perseguidos.